20MINUTOS
- Denuncian ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) el «trato humillante y vejatorio a los detenidos».
- Los familiares de los arrestados fueron insultados por la Policía.
- Critican también la actuación policial durante la manifestación y aseguran que los disturbios ocurridos son un «montaje policial».
La Coordinadora del 22M, impulsora de las Marchas de la Dignidad, se ha reunido con tres observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para denunciar los «abusos» policiales que a su juicio se produjeron durante la manifestación del pasado sábado.
En una rueda de prensa, el comité jurídico de la Coordinadora ha ha dado su reacción sobre la protesta, que se saldó con 101 heridos -67 de ellos policías- y 21 detenidos, y ha anunciado que preparan un informe jurídico que entregarán a los miembros de la OSCE que se desplazaron a Madrid para observar la manifestación.
Rafael Escudero, uno de los miembros de la Coordinadora, ha atribuido los altercados a un «montaje policial orquestado desde las cloacas del Estado», con descalificaciones para los manifestantes a los que se les calificó de «nazis» o se les ligó con Resistencia Galega.
Por ello, han recomendado a los organizadores de las Marchas, contra los que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció la apertura de expedientes sancionadores, que emprendan «las correspondientes acciones legales para depurar responsabilidades» tanto políticas como policiales.
En este sentido, la Coordinadora ha asegurado que estudia interponer querellas criminales porque, a su entender, el día de la manifestación se vulneró la normativa aplicable a las actuaciones policiales, así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión y honor.
Durante la rueda de prensa, en la que los asistentes han pedido explicaciones a los periodistas sobre la cobertura mediática de las Marchas, no se ha especificado contra quién estarán dirigidas estas querellas ni ante qué instancias judiciales se interpondrán.
«Condenamos la violencia sin paliativos», ha señalado Escudero, que posteriormente ha precisado que en esa violencia incluyen tanto los altercados que podrían haber causado algunos manifestantes, como la que «causó la Policía» al intervenir a las 20.40 horas en la Plaza de Colón, donde se estaba celebrando el acto de clausura de la Marcha.
Según la Coordinadora, esta actuación policial dejó 108 heridos y no 101 como informó en su momento la Policía y, como prueba de ello, afirman que ya se han interpuesto más de 50 denuncias por lesiones de participantes en la protesta.
Sobre el joven que ingresó en prisión provisional, Miguel M.S., su abogado, Jesús Calpe, ha explicado que ya ha interpuesto un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid y ha negado que su cliente haya pronunciado, como relata el auto de prisión, la frase: «Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo». Además, ha pedido su excarcelamiento «por falta de pruebas».
Malos tratos de la Policía
La Comisión de Justicia de las Marchas de la Dignidad también denunciado «los malos tratos» sufridos por detenidos y familiares en dependencias policiales después de las manifestaciones y disturbios del pasado 22 de marzo. Según los datos de que que ha facilitado esta comisión, un total de 21 personas resultaron detenidas durante la manifestación «y gran parte de ellas sufrieron lesiones durante el arresto».
Siempre según la comisión, varios de los arrestados lo fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposados en transporte público, a la vista de los pasajeros, «lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido», según ha explicado un portavoz de las Marchas del 22-M este viernes en rueda de prensa.
Además, la práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligados a permanecer hasta siete horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas.
A las mujeres detenidas se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario. La comisión también constató la recepción de denuncias de familiares de personas detenidas que recibieron insultos por parte de los policías cuando acudieron a la comisaría de Moratalaz. Aparte, han constatado que uno de los letrados defensores recibió amenazas y gritos por recomendar a un detenido que no declarara.
