EP
- Llevaba en prisión desde el pasado 14 de febrero.
- Tendrá que comparecer dos veces al mes en el juzgado.
- Uno de los padres asegura que no denunció para evitar a su hija un trauma.
El juez Hermenegildo Barreda ha acordado dejar en libertad provisional a Andres D.D., el profesor del colegio Valdeluz que el pasado 14 de febrero ingreso en prisión preventiva por siete delitos de abusos sexuales a menores.
Fuentes jurídicas han señalado que el magistrado ha impuesto al docente la obligación de comparecer los días 6 y 20 de cada mes ante el juzgado más próximo a su domicilio. La libertad se acuerda después de que su abogado, Ramón Muñoz, presentará una solicitud de puesta en libertad al estimar que no se cumplían todos los requisitos para esta medida cautelares privativa de libertad.
Asimismo, deberá entregar el pasaporte y alejarse del centro educativo hasta que concluya el procedimiento penal, según las mismas fuentes. La causa está en fase de instrucción.
Por otro lado, los abogados del exdirector del colegio Valdeluz Eustaquio I. y del anterior jefe de estudios Juan José C. ya anunciaron este martes que pedirán al tras la Semana Santa que se levante imputación de sus clientespor un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Además, uno de los padres de las presuntas víctimas del profesor Andrés D.D. ha considerado «razonable» la decisión del juez de acordar su puesta en libertad, si bien ha asegurado que se le debería imponer la prohibición de acercase a las denunciantes de los presuntos abusos sexuales. Sin embargo, los abogados de varias de las chicas han adelantado que recurrirán la decisión del magistrado al estimar que los hechos son «muy graves» y que pueden aparecer más casos.
Un año de tratamiento
La hija de Javier comenzó a sufrir abusos a los 16 años, lo que le derivó en un trastorno alimentario. Por ello, acudió a un centro regional para recibir durante un año tratamiento. No denunció los hechos para evitar a su hija el trauma.
«Como ciudadano veo normal que se le deje en libertad», ha aseverado al tiempo de destacar que «aunque el delito sea grave, no implica un riesgo para la sociedad siempre y cuando se le hayan puesto medidas cautelares«. Una de las abogadas de las chicas mantiene una opinión muy distinta, y ha adelantado que recurrirá esta decisión, si bien ha señalado que el recurso no paralizará la salida de la cárcel del profesor. «No es razonable y me parece indignante», ha señalado la letrada Paloma Gutiérrez. «Es indignante para las víctimas porque los hechos y las circunstancias siguen siendo las mismas», ha dicho.
La libertad se acuerda después de que su abogado, Ramón Muñoz, presentara una solicitud de puesta en libertad al estimar que no se cumplían todos los requisitos para esta medida cautelares privativa de libertad. El letrado alegaba que al declarar ya todas las chicas su cliente no podría entorpecer la causa, uno de los requisitos que establece la Ley para sustentar la prisión preventiva junto con el riesgo de fuga y la reincidencia delictiva. Asimismo, deberá entregar el pasaporte y alejarse del centro educativo hasta que concluya el procedimiento penal, según las mismas fuentes.
La causa está en fase de instrucción. Un total de diecisiete chicas han comparecida ante el juez, de las que quince han confirmado los abusos sexuales de los que habrían sido víctimas tanto en el colegio como en la academia.
«No parece que haya riesgo de fuga»
«No conozco el caso a fondo, pero en esta ocasión parece que la libertad provisional sí que está justificada. Aunque esta decisión depende siempre del juez, no parece que haya riesgo de fuga ni de eliminación de pruebas. Tampoco de reincidencia, ya que era una persona que presuntamente cometía los abusos durante sus clases. No estamos hablando de un violador en serie», explica Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
De hecho, en la jurisprudencia se encuentran bastantes casos de libertad provisional para acusados de abusos a menores o violaciones. Aunque también hay excepciones, como el caso del club social Paterna en 2009. En aquella ocasión, el procesado por ocho delitos de abusos sexuales permaneció en prisión preventiva durante casi dos años. El tribunal le denegó la libertad provisional al estar «especialmente acreditado el riesgo de fuga».