Metro niega cualquier fallo interno en los accidentes en los que murieron tres personas

20MINUTOS.ES

  • El consejero delegado de la empresa niega fallos de control en las cocheras de Loranca, donde murieron un directo y la niñera del hijo de este.
  • La directora de Trabajo achaca la electrocución de un empleado de mantenimiento a los fallos cometidos por la subcontrata para la que trabajaba.
  • El tren que se empotró en Príncipe Pío hiriendo a 22 personas había superado, según la compañía, todas las revisiones pertinentes.

Accidente en el metro de Madrid

Metro de Madrid niega cualquier responsabilidad interna por fallos de seguridad o control en los dos accidentes mortales ocurridos durante el pasado mes de agosto y que acabaron con dos personas fallecidas en las cocheras de Fuenlabrada (uno de ellos, un directivo de la compañía) y una en Metrosur.

Según su máximo mandatario, el consejero delegado Ignacio González Velayos, el siniestro ocurrido en las vías de pruebas de Loranca (Fuenlabrada) el 8 de agosto no se debió a ningún error «laboral» ni «operacional». En este siniestro fallecieron el gerente de Mantenimiento de Ciclo Corto de Metro, José Manuel Pérez García, de 35 años, y la niñera del hijo de este, una estudiante suiza de 17 años. El tren en el que viajaban acompañados por la mujer del responsable y el hijo de ambos, de 4 años se empotró contra el talud que delimita.

Aunque Pérez García no tenía autorización para subirse al tren acompañado de su familia y menos aún para operarlo, obtuvo acceso a las instalaciones para todos ellos, así como la llave especial necesaria para desbloquear el tren, situado en una vía de pruebas. A pesar de que su presencia en la zona estaba prohibida, Ignacio González Velayos afirmó este miércoles que los protocolos de seguridad funcionaron. «No se ha acreditado ningún tipo de fallo en los sistemas de control de Metro», sentenció el responsable, desplazando la responsabilidad a «la imprudencia de una persona», en referencia al gerente fallecido.

Este caso aún se encuentra bajo investigación judicial y el responsable del juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ha decretado el secreto de sumario. Metro también abrió sus propias diligencias internas, de las que, por el momento, no hay más conclusiones.

Electrocutado en el Metrosur

La de González Velayos este lunes fue la comparecencia inaugural de la comisión de investigación que el parlamento autonómico, la Asamblea de Madrid, ha abierto a petición de los grupos de la oposición para tratar de averiguar qué responsabilidades tiene la empresa en tres siniestros ocurridos en verano.

Tras el consejero delegado compareció Mar Alarcón, directora general de Trabajo de la Consejería de Empleo, para dar su parecer sobre la muerte del empleado de mantenimiento Diego Fernández (34 años). Este perdió la vida electrocutado el 26 de agosto mientras realizaba trabajos de drenaje y mantenimiento en el túnel que comunica las estaciones de Juan de la Cierva y El Casar (Getafe), en la línea 12 (Metrosur).

En esta ocasión, Alarcón también derivó la responsabilidad hacia el fallecido y la empresa para la que trabajaba, la subcontrata Azvi. Según los informes preliminares, avanzó, el operario trabajaba en una zona encharcada con dos mangueras eléctricas que presentaban «hasta 16 desperfectos los cuales fueron cubiertos con cinta aislante». A juicio de Alarcón, la electrocución del fallecido se debió a las «deficiencias en los equipos mencionados», la «falta de revisión» y el «proceso incorrecto de subsanación de deficiencias».

Sin frenos

El tercer accidente tuvo lugar el 29 de agosto. Veintidós personas resultaron heridas (ninguna grave) cuando el convoy que entraba en la estación de Príncipe Pío procedente de Ópera (línea del Ramal), chocó contra el tope de la vía al fallar el freno.

El tren, según el gerente de Metro, había superado todas revisiones reglamentarias de mantenimiento «sin presentar ninguna irregularidad». González Velayos añadió que solo fue «un incidente aislado en un tren concreto y una línea concreta». Puntualizó, además, que los accidentes en el conjunto de la red han bajado «de forma considerable», pasando de 15 salidas de vía en 2011 a seis salidas hasta septiembre de 2012, según recogió la agencia Europa Press.

El secretario general de la compañía, Miguel Nieto, fue tajante al afirmar que los tres accidentes objeto de investigación no están conectados entre sí. González Velayos también descartó la posibilidad de que los recortes aplicados en el presupuesto de Metro hayan afectado a la seguridad.

Según los datos de este último, el gasto en mantenimiento del material móvil se ha incrementado un 8%, pasando de 113 millones en 2010 a 124 millones en el presente ejercicio. Además, ha indicó que las horas de mantenimiento anual por coche han aumentado un cinco por ciento pasando de 350 horas/año en 2010 a 375 horas/año, en 2012.

En la sesión de este lunes no estuvieron presentes los parlamentarios del PSOE y de IU. Ambos grupos han renunciado a «perder el tiempo» en palabras de sus miembros dado que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, se negó a aceptar las comparecencias de cargos públicos que solicitaron. Sí acudió la diputada de UPyD Loreto Ruiz de Alda, que exigió una comisión de investigación con mayor independencia que esta.

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La Comunidad de Madrid también impone tasas en los trámites a las personas dependientes

20MINUTOS.ES

  • Como Castilla-La Mancha, la Comunidad cobrará hasta 30 euros por revisar el grado de dependencia de los afectados.
  • La tarifa se incluye en la ley de reforma de los presupuestos de 2012 que Esperanza Aguirre aprobó en el mes de junio.
  • Las personas con discapacidad pagarán 20 euros. Por solicitar la certificación se pagarán 10 euros. Hasta ahora, era gratis.

Dependiente

Castilla-La Mancha no es la única comunidad autónoma que cobrará a los enfermos por revisar su grado de dependencia. De hecho, la presidenta María Dolores de Cospedal se ha inspirado en las tasas impuestas en su comunidad vecina, Madrid, para elaborar su catálogo de nuevos precios públicos, que van desde el cobro de los informes de adopción a un pago adicional por la Inspección Técnica de Vehículos.

En el mes de junio, tres meses antes de anunciar su marcha del Gobierno regional, Esperanza Aguirre sorprendió con un plan extraordinario de ajuste presupuestario que incluía la modificación de 15 tasas y la creación de otras 40, además de la imposición de peajes en las carreteras.

Entre estas se encontraban los 30 euros por revisar el grado de dependencia previamente establecido. Un precio que se reduciría a 20 euros en el caso de las personas con discapacidad y a 10 por la tramitación de la solicitud de certificación del grado de discapacidad, independiente de que la minusvalía llegue o no a reconocerse.

80€ por ser pareja de hecho

El listado incluye otros servicios hasta ahora gratuitos que pasan a ser de pago como la renovación de la tarjeta sanitaria en caso de pérdida o rotura (10 euros), la inscripción en el registro de uniones de hecho (80 euros) o la obligación de que los ancianos que pasen el día en centros públicos aporten el 30% de su renta per cápita para sufragar al menos un aparte del servicio.

La expedición del título de familia numerosa ha pasado a costar 6 euros, mientras que el informe de arraigo para la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales tendrá un precio de 30 euros.

La normativa entró en vigor el pasado lunes 22 de octubre, día en el que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

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