AGENCIAS
- El portavoz de una de las plataformas dice que ni los convocantes ni los asistentes cometieron «ningún delito» porque no tienen «nada que ver con los incidentes».
- «Quien ha cometido un delito en todo caso es la Delegación del Gobierno que intervino en una manifestación cuando estaba la gente cantando», dice.
- Aseguran que en cuanto les llegue la notificación «habrá que ver a quién se refiere y a quienes llaman organizadores».
- La Coordinadora del 22-M está estudiando emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno e Interior por la actuación policial.
- Cifuentes abre un expediente a los organizadores de las ‘Marchas de la Dignidad’.
Los organizadores de las llamadas ‘Marchas de la Dignidad’ que el sábado se manifestaron en Madrid contra el Gobierno, la Troika y las políticas de recortes han asegurado este martes que no les «asusta» el expediente sancionador que, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, se les ha abierto por los altercados, del cual por el momento no han recibido notificación.
«Todavía no nos ha llegado la notificación. Habrá que ver a quién se refiere y a quienes llaman organizadores, pero en todo caso, no nos da miedo. La represión nos va a hacer más grandes«, ha asegurado en declaraciones a José Coy, portavoz del Frente Cívico Somos Mayoría (FDSM), la plataforma liderada por Julio Anguita y una de las organizadoras de las marchas.
Según ha explicado, ni los convocantes de las marchas y los asistentes cometieron el sábado «ningún delito» porque no tienen «nada que ver con los incidentes» y se manifestaron pacíficamente en defensa de sus derechos. «Quien ha cometido un delito en todo caso es la Delegación del Gobierno que intervino en una manifestación cuando estaba la gente cantando, en un espacio legalizado hasta las 21.00 horas», ha apostillado.
«Algunos quieren convertir un conflicto social legítimo en un conflicto de orden público y no vamos a pasar por ahí. Somos gente pacífica, lo hemos demostrado estas semanas. Somos gente afectada por las hipotecas, por la pobreza y la exclusión social, por el paro, por los recortes y tenemos razón», ha agregado.
En este sentido, Coy ha denunciado que quieren dar de ellos «una imagen de personas violentas cuando no es así» y desviar la atención para que se hable de violencia en lugar de recortes. Por ello, ha reiterado que no les asusta «en absoluto» que se les expediente. «Lo que nos asusta es no poder trabajar, no lo que vaya a hacer Cifuentes. Daremos una respuesta colectiva y cívica», ha asegurado.
Estudian nuevas protestas
En esta misma línea, Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) otro de los organizadores de las protestas, ha asegurado que la democracia les ampara porque se manifestaron de forma pacífica. «Esos son nuestros métodos», ha señalado.
Asimismo, ha denunciado que lo único que pretende la delegada del Gobierno es «criminalizar a los millones de ciudadanos que salieron a la calle» y «desvirtuar la marcha pacífica». «Tiene que haber gente muy interesada para provocar esta situación. Nosotros no estábamos interesados en que hubiera violencia», ha aseverado.
Además, ambos portavoces han anunciado que la coordinadora Estatal de las ‘Marchas de la Dignidad’ están barajando la posibilidad de convocar nuevas protestas para demostrar que «la lucha continúa». «Eso es lo que temen, que se prepare una nueva movilización social de estas características, pero no van a poder derrotar la voluntad popular», ha apostillado Cañamero.
Barajan emprender acciones legales
Por otra parte, la Coordinadora 22M también está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior por la actuación policial al término de la manifestación del pasado sábado, según el equipo jurídico.
Los organizadores de las ‘Marchas de la Dignidad’ consideran que la intervención policial del sábado fue «una provocación en toda regla» para conseguir que salieran imágenes de «acciones violentas» en los medios de comunicación.
También señalan que los 21 detenidos en los incidentes que se registraron al finalizar la manifestación sufrieron malos tratos en comisaría, donde permanecieron siete horas contra la pared, sin tomar bebida o comida y sin que les permitieran ir al servicio.
Además, la Coordinadora 22M acusa a la Delegación del Gobierno y a las autoridades políticas de «calentar» el ambiente antes de la manifestación, al referirse a los participantes como «nazis» o miembros «de la extrema izquierda».
Ahora, los promotores de las Marchas de la Dignidad estudian acciones legales contra los responsables del dispositivo policial, que, en su opinión, empleó la «provocación» ante una manifestación «multitudinaria, pacífica y ejemplar».